El arte de construir burbujas
Una de las prácticas que lamentablemente se ha convertido en central en el quehacer diario de Chile, y particularmente en la política, es intentar la destrucción total de los adversarios, envolviendo al país en disputas del todo maliciosas. La cooperación, por su parte, se ha transformado en una practica casi marginal, y esto es grave para un pais tan pequeño como el nuestro. Lamentablemente para nosotros así no se construye confianza, hoy en Chile no se dialoga, no se discute ni se debate y de seguir por esta senda será muy difícil que como pais tracemos colectivamente líneas de acción que miren al futuro y que nos permitan enfrentar este nuevo mundo con mayor exito. Frente a este escenario, estamos llamados a dar respuestas rapidas a los nuevos desafios y a generar la unidad nacional necesaria que permita que participemos activamente en el liderazgo de este cambio.
En el mostrador.cl, se publico un artículo que muestra un particular punto de vista sobre esto:
Editorial: El arte de construir burbujas
Es un arte nacional construir burbujas de crisis institucionales o políticas y, a partir de ellas, desacreditar, amenazar, conminar o intentar la destrucción de los adversarios.
Esta práctica no es solo de la política, ni tampoco exclusiva de la oposición o del gobierno. Penetra muchas instituciones, de diversos tipos y ámbitos de nuestra sociedad, como clubes deportivos, iglesias, empresas, sindicatos y otras organizaciones sociales. Sin embargo, es más perjudicial para los ciudadanos cuando toca instancias tan relevantes como el Poder Judicial y se lesionan derechos civiles.
Corresponde a una manera de concebir el ejercicio del poder: arbitraria, agresiva, basada en una concepción jerárquica de la autoridad, indolente frente a los derechos del otro. Un ejercicio sin responsabilidad de representación o delegación, sino con talante de propietario. Más preocupado de los símbolos y las apariencias que de la realidad y las consecuencias. De tono autoritario.
El fenómeno, porque de eso se trata, está generando una atmósfera creciente de malestar, distancia y desconfianza ciudadana. Frente a sus autoridades, la política, las formas asociativas, las membresías sociales de todo tipo. Y la aparición de un ciudadano aislado, cuya relación con el poder es a tal grado distante y asimétrica que queda inerme e indefenso frente a los abusos. Entre ellos, aquel que le transforma en objeto de la política.
A diferencia de lo que ocurre en el resto de los países de la región, donde la estabilidad de la democracia debe lidiar también con la insubordinación de las organizaciones sociales, en Chile la ciudadanía asiste, impávida ante su televisor, al espectáculo que brindan los ministros, jueces y parlamentarios.
Nada parece concluir definitivamente, y los temas y los argumentos se hacen circulares. Cada situación parece que ya se ha vivido anteriormente, y con los mismos personajes, solamente asidos a énfasis o ángulos diferentes. La Transición a la democracia plena es un buen ejemplo de esto.
Lo mismo ocurre con los sobresueldos. Desde que el Gobierno instaló el desastre social de empleados públicos a honorarios y sin derechos de ninguna especie, con el objetivo de mantener bajo el gasto fiscal (ya en época de Aylwin), se sabe que el tema obedece a una cuestionable política institucional del Estado. Sin embargo hasta ahora, La Moneda solo defiende a aquellos cercanos al círculo del poder gubernamental. El daño patrimonial y de imagen para cientos de empleados públicos, en verdadera indefensión judicial, aparentemente no importa.
La Ministra Chevesich, juez encargado de pronunciarse sobre la posible ilegalidad de ese tema, ha sido incapaz de construir una verdad judicial sobre los hechos. Porque ha desplazado su accionar desde el derecho penal estricto, que es lo que corresponde, al de la filosofía del derecho, buscando la ilegitimidad de lo actuado en el aparato público según su propia convicción de lo que es la verdad. Por lo tanto, con incapacidad de sustentar una sentencia.
Cuando la Corte de Apelaciones anula uno de sus procesamientos, la UDI argumenta que son jueces favorables a la Concertación, pero cuando un fallo les gusta, sostienen que sus argumentos jurídicos son contundentes e imparciales.
El gobierno no admite la existencia de un régimen poco transparente en la administración de las empresas del Estado, lo que efectivamente existe, argumentando que las críticas se orientan a la privatización de CODELCO, en medio de un carnaval de denuncias.
En medio de esta batahola, todo mezclado, queda ejecutoriada la sentencia que condena al pago de una multa voluminosa a los ex ejecutivos de ENERSIS, por faltas éticas e incumplimientos graves de las leyes que rigen el accionar de las sociedades anónimas (y las obligaciones de sus administradores). Uno de ellos, José Yuraseck, era hasta hace poco miembro de la Comisión Política de la UDI, por lo que altos personeros de este partido han alegado abuso por parte del Fisco y presiones políticas al Poder Judicial.
Si todo es relativo y puede mezclarse, dependiendo en gran parte del poder mediático que se tiene, la indefensión de los ciudadanos es mucha. Podemos estar frente a una burbuja oligárquica en la cual lo que interesa es la rotación en el poder y la distribución de los beneficios del Estado.
