Se ha constatado que el deterioro del planeta tiene entre sus causas el crecimiento desproporcionado de nuestro actual sistema económico, el capitalismo, que sólo opera bajo el paradigma de coste-beneficio y por lo tanto todo aquello que no se ciña a esté principio queda descartado como posibilidad de irrumpir en el homogéneo sistema.
La industrialización ha requerido ingentes cantidades de energía, esa energía es proporcionada por distintos métodos, entre las que ha destacado el petroleo, gas, carbón, la energía nuclear e hidroeléctrica. Los llamados países desarrollados, a los que yo preferiría llamar países ricos, han sido los principales responsables del consumo energético producto de su aumento exponencial de la producción de bienes y servicios, bienes y servicios que finalmente ocupa en mayor o menor medida todo el globo. Por ello es que con mayores o menores responsabilidades, todos somos parte de la solución que debe llevarse a cabo.
En Chile, el modelo energético es propio de un país con las características del sub-desarrollo. Un país que emerge abriéndose al mundo y que aumenta su producción (Ej: Chile potencia agroalimentaria, Chile país minero) ya sea en sus objetivos futuros como en su modelo económico presente, el país necesita más y más energía para acometer ese sentido finalista y poder decir que Chile es un país desarrollado, que no es otra cosa que llegar a un PIB per-capita por sobre los 22.000 dólares PPA, cuestión que no tiene nada que ver con el desarrollo o el buen vivir.
Gracias al discurso global que ha puesto en relieve la discusión sobre el medio ambiente y la necesidad de salvaguardarlo realizando cambios sobre todo en el ámbito energético, es que nuestro país también se suma y su población comienza a mostrar señales que protegen (al menos en el discurso público) el medio natural. Cabe preguntarse aquí, si existe algún estudio sociológico que permita defender la idea de que las y los chilenos se preocupan verdaderamente por el medio ambiente y tienen conductas coherentes con ello. Todo esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿Es posible que Chile realice un cambio en su modelo energético? Responder a ello requiere ver al menos en un panorama general, cuáles son las condiciones para realizar ese cambio y si realmente existe voluntad política para dar el salto. Hasta ahora la hipótesis que planteo, es que mientras continuemos en un paradigma de crecimiento y desarrollo que tiene como base el capitalismo, las energías renovables tendrán poco que hacer en nuestro sistema de generación energética. No porque algunos no queramos, sino porque no existen las condiciones de ello.
ALGUNOS DATOS IMPORTANTES
Según la Comisión Nacional de Energía (en adelante CNE) difunde que el 66% de la energía generada es utilizada por los clientes NO REGULADOS, estos clientes no regulados son aquellos que consumen más de 2.000 KW/Hora, como ya podrán ustedes deducir, estos clientes son medianas y grandes empresas, siguiendo la lógica de producción igual consumo energético. Cuando se plantea la necesidad de tener más generación energética se piensa básicamente en el crecimiento de la producción y no necesariamente en las necesidades de la población. Aunque la población cuente como variable para realizar los estudios de demanda energética de un país al mediano y largo plazo.
La condición finalista de desarrollo ha llevado a Chile a ingresar en la OCDE y con ello, junto con otras cuestiones como la ratificación del protocolo de Kioto, se deben realizar cambios en el modelo energético que básicamente tienen que ver con más generación y políticas de eficiencia energética (véase el Plan Energético de la CNE). Deben sumarse los factores internos, la necesidad de contar con la seguridad energética suficiente que no es otra cosa que la autonomía de un recurso tan preciado. Recordemos los problemas del gas argentino, los cortes de suministro y la negativa de Bolivia a vendernos el gas. Son estos argumentos los que han llevado a la necesidad de contar con una generación eléctrica que permita cubrir tanto la demanda del país como así también el criterio de seguridad y finalmente el de imagen país.
Otro dato es la apertura e incentivo hacia las ERNC, con lo cual el Estado chileno ha generado diversas posibilidades para incentivar al inversión y por otro lado dar una imagen de país comprometido con el medio ambiente.
Se crea la ley 20.257 la cual obliga a las grandes generadoras (que producen más de 200 MW/h) ha que en el plazo del 2010 hasta el 2024, el 10% de la generación energética provenga de ERNC en un proceso de menos a más. Una gran noticia, pero que tiene sus problemas, o pequeñas trampas. La primera es que la producción hidroeléctrica es renovable y por tanto queda fuera de la obligación, en segundo lugar muchas de las plantas termoeléctricas, que son las más contaminantes, no caben en la categoría de grandes generadoras, pues generan menos de esos 200 MW/h. Un buen ejemplo es la termoeléctrica de Patache ubicada en la primera región de Tarapacá, la cual genera 110 MW/h y abastece a toda la región. Ésta no es considerada una gran generadora por lo tanto no se le obliga a generar un 10% de energías renovables.
La ley por lo tanto parece un buen avance, pero es insuficiente, pues no tiene el alcance necesario.
A través de CORFO, el Estado ha creado una serie de instrumentos de fomento que aumenten la inversión en energías renovables (estos datos pueden ser encontrados en la página de la CNE). Estos instrumentos son subvenciones a proyectos de pre-inversión de generación de energías renovables no convencionales. Algunos aportan hasta el 2% del costo total del proyecto y financian tanto estudios avanzados de ingenierías como así también consultorias técnicas con un monto que puede llegar hasta el 50% del proyecto de pre-inversión. Todo esto siguen siendo buenas noticias, pues se avanza por un camino correcto, pero nuevamente nos encontramos con un pequeño problema, la lógica predominante del mercado.
EL MERCADO CHILENO.
El mercado chileno en materia de energía se divide en tres áreas, generación, transmisión y distribución. Tanto lo primero como lo último suponen un mercado con varios competidores, buscando que el sistema tenga como objetivos los menores precios posible. Para el caso de la transmisión éste es un cuasi monopolio debido a la naturaleza propia del tipo de negocio.
El precio de la energía o mejor dicho de la generación de que se vende a los transmisores y éste a los distribuidores es regulado a través de la comisión nacional de energía cada 6 meses. Estos precios son fijos para los clientes regulados, pero no así para los otros (no regulados) que pueden fijar sus precios con bandas de hasta un 20% más del precio público. Junto con ello la ley obliga a las empresas transmisoras y distribuidoras a comprar la energía que se genera, esto permite dar un incentivo a la inversión.
Los países ricos han realizado profundos cambios en sus modelos energéticos, un caso de estos es España, el cual alcanza un 20% aproximado de participación de energías renovables en su matriz eléctrica. Ello ha sido posible porque el Estado español ha colocado ingentes cantidades de recursos económicos que subvencionan la actividad y junto con ello ha garantizado un precio de compra que permita respaldar las tasas de retorno de las inversiones. Sin ello el mercado de energías renovables no hubiese sido posible.
EL ANÁLISIS
Chile ha avanzado en la senda de dotar al país de energías más limpias, demostración de ello han sido los cambios de orden lega y también en una política pública de fomento a la inversión. Sin embargo esto es insuficiente desde la perspectiva económica o mejor dicho de las la lógica de los inversionistas que no ven aún seguridad para invertir en ERNC en el país.
Ante ello, las posibilidades hacia el futuro son dos. Que el Estado garantice los precios de venta con el fin de hacer rentable el negocio de las energías renovables o como segunda opción que el Estado sea quien invierta en ello siendo la vanguardia de un cambio en el modelo energético y en definitiva en un desarrollo más sostenible.
Por ahora la segunda opción es difícil que salga a la luz, tanto por como se han comportado las políticas públicas chilenas en está materia, como por el hecho de que ello requiere sustantivos recursos económicos que en la lista de prioridades tanto técnicas como políticas no se encuentran en el primer orden.
Sigue siendo entonces tarea de las y los ciudadanos organizarse tanto para reproducir un discurso que presione a nuestras autoridades políticas en la búsqueda de opciones que nos permitan cambiar ese modelo actual que es nocivo con nuestro medio ambiente y que se encuentra hipotecando el futuro a tasas económicas y sociales muy altas. Chile vive un periodo óptimo para acometer cambios estructurales en diversas materias, la energía no puede queda rezagada al mero análisis costo-benfecio.
