La Reforma Tributaria y descentralización
La necesidad de una reforma tributaria radica principalmente en dos cuestiones: la primera es obtener más dinero para el Estado y por consiguiente hacer frente a las nuevas realidades presentes en el país que demandan mayores recursos. En segundo lugar existe una necesidad de justicia sobre la que el Estado chileno debe responder, ya que actualmente existe una carga impositiva desigual para la gran mayoría del país. Los ricos pagan menos que los más pobres y la clase media emergente.
Cuando muchos hasta ahora han argumentando de manera sólida la postura de una reforma tributaria, que signifique aumentar la carga a los sectores más ricos y posiblemente disminuir al sector medio y más pobre, existe una cuestión que aún no se pone en el debate público de dicha reforma. Esto es el carácter de distribución territorial de los recursos del Estado y su consiguiente capacidad para poner el valor el desarrollo regional y local.
Actualmente los estudios indican que existe una tremenda desigualdad territorial, datos del Banco Central nos permiten comprobar que la Región Metropolitana proporciona al PIB nacional alrededor del 40% del total de ingresos y la región del Bío Bío, la segunda más grande en población sólo llega al 10%. Si observamos, podríamos creer que ése 40 por ciento de la región metropolitana tiene que ver con el tamaño de su población y que por tanto estás variables se correlacionan y como resultado es el que tenemos, pero es precisamente aquello lo que no funciona puesto que si esto fuera así, las demás regiones tendrían porcentajes similares de acuerdo al tamaño poblacional. Se puede fácilmente comprobar que dicha hipótesis no es cierta.
Entre los múltiples desafíos que debe enfrentar nuestro país para profundizar la descentralización económica, política y social se encuentra precisamente lo correspondiente a los tributos. Una reforma tributaria debe considerar entonces que las regiones sean capaces de quedarse con parte de los recursos recaudados y ser asignados de acuerdo a mecanismos de democracia participativa local. Son los sistemas regionales los más idóneos para asignar dichos recursos porque cuentan con la capacidad de diagnosticar sus propios problemas y dichos recursos servirían para financiar las estrategias de desarrollo regional.
No tiene ningún sentido avanzar en la elección de consejeros regionales o cualquier otro modo de representación regional, si ese sistema político no cuenta con un sistema económico propio que tenga coherencia con la propia capacidad de los territorios de determinar en qué gastan su dinero. Así mismo se debe crear un sistema estatal que colabore a reforzar aquellos territorios más deprimidos y que necesitan de una atención focal con el fin de equilibrar y tener un sistema tributario solidario y equitativo.
Las empresas deben tener la obligación legal de tributar en los territorios donde están situados y fortalecer el concierto público privado con el fin de asegurar un estrategia de desarrollo regional con capacidad de responder a las demandas de los ciudadanos. El tema no es sólo tener más plata, sino cómo y quiénes deben gastar esa plata. Existes evidentes y razonadas necesidades nacionales que deben ser abordadas desde un Estado central, pero muchas otras que son eminentemente locales y por lo cual es de justicia que los territorios tengan sus propios recursos a partir de la actividad productiva que generan y no esperar que se los reparta el Estado central.
Actualmente la constitución garantiza el derecho de las regiones de cobrar un impuesto por aquellas actividades productivas que le son propias a la región. Sin embargo determinar aquello es confuso y requiere de una revisión que garantice que una reforma tributaria también sea descentralizada con el único objetivo de avanzar en un real proceso descentralizador en Chile.
